8 votaciones que retratan a UPyD

Los 5 diputados de UPyD

Rosa Díez con algunos de los 5 diputados de UPyD

Ayer, UPyD se abstuvo de institucionalizar la condena del franquismo porque eso, dicen, es “imponer una verdad oficial”. ¿Os imagináis a un político alemán relativizando la “verdad” del nazismo como forma de negarse a declarar su condena? Pues eso.

Para los que creen que eso de la memoria histórica no es importante (bien por ignorancia de la propia historia, bien por carecer de cierto sentido de la justicia):

¡Sorpresa! UPyD sí tiene una ideología. Y es esta.

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A raíz del éxito de un artículo, previo a las elecciones de 2011, en el que apuntaba las 8 razones por las que no votaría al partido de Rosa Díez, he decidido publicar esta entrada, mucho más breve, ya no referida al programa de UPyD sino a su postura en votaciones parlamentarias.

Desde luego que, como señalan algunos lectores, estas son razones de sobra para negarse a dar el voto de UPyD desde el punto de vista del que escribe y, presumiblemente, de aquel que defienda las energías limpias frente al fracking y las nucleares, la autofinanciación de la Iglesia frente a sus privilegios, la sanidad pública frente a la privatización de su gestión, las políticas keynesianas frente a la indeterminación ideológica, la minimización del gasto militar frente a su incremento, los derechos reproductivos de las mujeres frente a la penalización del aborto, el reconocimiento de la realidad plurinacional del país y el modelo federal frente a la deriva centralista, etc.

No lo son para aquellos que ven en las propuestas de UPyD un programa de medidas acertado. Pero la finalidad de su publicación no es tanto discutir sobre el fondo de estos asuntos, sino difundir la posición de este partido en temas fundamentales sobre los que intencionadamente evita pronunciarse, limitándose a ofrecer un discurso de regeneración política ajeno a debates ideológicos, que sin embargo son tanto o más importantes que la necesidad de regeneración que reivindica.

Derecho a curar


Médicos del Mundo lanza la campaña ‘Derecho a curar’, en apoyo de la objeción de conciencia del personal sanitario contra la exclusión sanitaria de las personas inmigrantes en situación irregular. La medida, adoptada por el Gobierno de Rajoy, no será sin embargo de aplicación en las tres autonomías gobernadas por el Partido Socialista -Andalucía, Asturias y País Vasco-. Tampoco en Cataluña y Canarias. Estas cinco comunidades han anunciado que mantendrán la atención universal a los inmigrantes que viven en España sin permiso de residencia ni de trabajo -alrededor de 150.000 en todo el país-.

Además de profundamente antisocial y contraria al principio de solidaridad inherente al sistema sanitario público -como a la motivación de sus profesionales sanitarios-, la decisión del Ejecutivo del PP puede acarrear problemas de salud pública y la saturación de los servicios de urgencia, consecuencias opuestas al objetivo de la exclusión: el ahorro económico.

Además de la web de la campaña de Médicos del Mundo, donde cualquiera puede firmar en apoyo al derecho a curar, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC) ha habilitado un formulario online dirigido a los profesionales sanitarios para registrar su adhesión a la red de objetores de conciencia, que suma ya más de 1.300. Existe una tercera página, apartheidsanitario.com, creada con el fin de servir de espacio de intercambio de opinión, información y documentación relacionada en forma de texto o vídeo.

La política de Mercadona: la comida se tira, no se dona

Mercadona prefiere tirar la comida a la basura a cederla al Banco de Alimentos

El pasado 7 de agosto, jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores asaltaron dos supermercados con el objetivo de llenar una serie de carros con artículos de primera necesidad para después, sin pasar por caja, entregarlos a una ONG. Las opiniones son variadas -recomiendo el debate entre Alberto Garzón (IU) y Toni Cantó (UPyD) en El Huffington Post, pero yo me quedo con los argumentos de Ignacio Escolar-, lo que está claro es que los asaltos, liderados por el alcalde de Marinaleda, Sánchez Gordillo, han dado que hablar, pero sobre todo destacan las reacciones, opuestas, de las dos cadenas de alimentación afectadas.

La francesa Carrefour optó por acordar con el Sindicato la donación de 12 carros llenos de alimentos para los servicios sociales de tres ayuntamientos de la región. La española Mercadona, sin embargo, anunció que presentaría una denuncia por sustracción de bienes y agresiones leves a los empleados de la firma -empujones, dice-.

Más allá de la respuesta de Mercadona -legítima aunque menos deseable en términos sociales a la de su competidora francesa-, su política de empresa es merecedora de una denuncia social masiva que, a diferencia de la de las acciones de los jornaleros andaluces, no se ha producido en los medios. Me estoy refiriendo al hecho de que Mercadona prefiere tirar sus alimentos a la basura que donarlos al Banco de Alimentos -como sí hacen otras cadenas- para éste repartirlos entre los comedores sociales. Según afirma el presidente de la ONG Nagusilán, el principal responsable de la empresa valenciana se justifica argumentando que “tiran a la basura los alimentos para no depreciar su calidad” y “quien quiera que los coja de ahí”.

Esta es la insolidaria e injustificable política de Mercadona, la empresa de Juan Roig, un tipo que opina que la reforma laboral del PP debió haber sido más dura, que afirma que los españoles trabajamos poco, que alaba la cultura del trabajo china, que aplaude el copago en sanidad, educación y justicia -y lo que es peor, lo compara con el cobro por las bolsas de plástico, que ha reducido su consumo en un 90%- y que este último año se subió el sueldo un 73%, hasta los 3,8 millones de euros.

A propósito del tema, recomiendo encarecidamente la carta que dirige El comidista a Juan Roig en El País. Tela.

Aborto: las tres caras de un derecho en peligro

La malformación del feto no será ya un supuesto para abortar“, declaró Gallardón recientemente en una entrevista para La Razón. El PP no sólo pretende dinamitar la ley de plazos aprobada en 2010 que nos equiparaba al resto de Europa en materia de derechos de la mujer -más garantista y menos hipócrita que la anterior-, sino que aprobará una ley todavía más restrictiva que la de 1985 -que Rajoy prometió recuperar-, la cual sí contemplaba la malformación fetal como causa para interrumpir voluntariamente el embarazo.

Pensé en dedicar este post a argumentar la mejora importante que supuso la ley de 2010 con respecto a la legislación precedente -basta una comparación objetiva del contenido de una y otra, sin necesidad de entrar en debates morales-, pero he preferido recoger el testimonio de un médico infantil, dos madres y una discapacitada dependiente, todos contrarios a un retroceso todavía más grave que la vuelta a la ley de 1985: la anunciada supresión del supuesto de malformación del feto.

Javier Esparza, neurocirujano infantil durante cuarenta años, jubilado hace dos, advierte de las consecuencias de la reforma: sufrimiento humano e involución sanitaria. Testigo del dolor de cientos de niños con malformaciones congénitas del sistema nervioso -las más frecuentes entre todas las malformaciones fetales graves-, la mayoría de los cuales fallecen antes de las dos primeras décadas de vida, dice querer suponer que “la intención de Gallardón es producto del desconocimiento de esta realidad“, la del padecimiento de estos enfermos y el de sus familias. Teme el retroceso a cifras terribles en relación a la proporción de malformaciones, comparables a las de Argentina o Irlanda, países con legislaciones tan restrictivas en esta materia como la que pretende sacar adelante el ministro de Justicia.

No creo que ninguna sociedad tenga el derecho, y menos pudiendo evitarlo, de cargar a ningún ser humano con sufrimientos más allá de lo imaginable. Siempre he creído que los Gobiernos y las leyes deben estar al servicio de los seres humanos para ayudarlos, pero no para castigarlos”, sentencia el neurocirujano.

Gloria Muñoz, funcionaria, es madre de David y lo fue durante siete meses de Alba, una niña que falleció de atrofia muscular espinal de grado 1, una enfermedad muy grave sin tratamiento -sólo fisioterapia y paliativos para aliviar el dolor-. La mayoría de los afectados mueren antes de cumplir los tres años. Los padres de Alba son portadores del gen de la atrofia muscular espinal. Sus hijos tienen el 25% de posibilidades de padecerla. Antes de nacer Alba no lo sabían. De haberlo sabido antes, Gloria asegura que “habría abortado” porque lo que la niña y sus padres padecieron, dice, “no es humano”. A ella y su marido les gustaría tener otro hijo, pero “no soportaría volver a pasar por lo mismo“. Si el estudio genético prenatal de la enfermedad diera positivo, no seguiría adelante“, pero teme que la reforma que anuncia Gallardón se lo pueda impedir. Ha enviado una carta al ministro explicándole todo. “Nadie, hasta que ha vivido esto, sabe lo que se sufre. Es inconcebible que Gallardón pretenda forzar a las personas a pasar por situaciones que causan este dolor”.

@madrereciente es el nick de otra madre, una bloguera que escribe en 20minutos.es y que publicó anteayer un post a propósito de la reforma que ultima Gallardón que merece la pena leer. Asegura que el hecho de ser madre de un hijo con una discapacidad -autismo- ha cambiado su visión sobre el aborto. Confiesa que, de haberlo sabido estando embarazada de pocas semanas, habría abortado -si bien es una hipótesis ficticia porque el autismo se manifiesta entre el primer y tercer año de vida-. Con conocimiento de causa, afirma que tomaría la misma decisión si le dijeran que su nuevo hijo es portador de algún síndrome o malformación grave. Sostiene que los que opinan así merecen tanto respeto como los que en esa situación deciden seguir adelante“, pero que el derecho a decidir pertenece en cualquier caso a los futuros padres, los únicos que en definitiva tendrán que afrontar las crisis, los problemas de integración, el sufrimiento, el dolor y las incertidumbres sobre el futuro del niño.

Esta madre recomienda a Gallardón pasar una temporada en la sala de espera de algún Centro de Atención Temprana -donde psicólogos, logopedas y fisioterapeutas estimulan a niños de entre 0 y 6 años-. “No todas las familias se vuelcan con los niños, ni todas tienen medios, ni todas son capaces de entender la responsabilidad de una persona dependiente para toda la vida“. Algunas, dice, están desestructuradas o se desestructuran por ese niño y otras cargan con importantes hándicaps. “Los que sufren las consecuencias son los niños y la Administración no es capaz de dar respuesta“. Su experiencia lleva a la autora a reafirmar su convicción de que son siempre los padres los que ostentan el derecho a decidir. Nunca el ministro.

Elena Gómez tiene 37 años y es discapacitada. En una carta al director publicada en aragondigital.es comparte su historia. Elena nació con una enfermedad neuromuscular degenerativa que su madre, estando embarazada, desconocía. Dice ser feliz, pero hace hincapié en el drama humano que sufre: dolor por una salud decadente, rabia por ser diferente, impotencia por su dependencia de terceras personas. A sus padres les preocupa qué será de ella cuando ellos fallezcan. A ella, qué hará el día que ellos la necesiten. Se lamenta y critica al Ejecutivo por arrebatar a su madre el derecho, “ganado a pulso”, que le fue reconocido por el anterior Gobierno a través de la Ley de Dependencia. Por esto se pregunta: “¿es un Gobierno responsable aquel que obliga a nacer a personas con graves problemas de salud a las que luego no piensa proteger?“.

Elena advierte de una involución social muy grave que no busca el consenso con los afectados y atiende únicamente a creencias morales trasnochadas“. “Nadie tiene derecho a decirle a una mujer qué debe hacer ante una tesitura tan grave”, afirma, y condena la merma de los derechos de las mujeres al no poder decidir sobre su propio embarazo y al no poder volver a tener la vida familiar y laboral que tenían”.

Cuatro grandes marcas ceden a la censura ultracatólica

Logotipo de ‘La Sexta columna’

San Miguel, Ariel, Braun y Securitas Direct han anunciado que retiran su publicidad del programa La Sexta columna. Todo empezó con una campaña promovida por la plataforma ultraconservadora Hazte Oír que invitaba a enviar correos a las empresas que patrocinaban el espacio documental de La Sexta amenazando con un boicot a sus marcas si no dejaban de anunciarse en el mismo. ¿El motivo? La supuesta vulneración del derecho a la libertad religiosa que suponía informar sobre el paraíso fiscal del que goza la jerarquía eclesiástica, sus negocios inmobiliarios o afirmaciones tan compartidas por buena parte de los propios cristianos como que “la Iglesia no tiene nada que ver con el proyecto de Jesús de Nazaret”.

El lobby radical promotor de la iniciativa confunde Iglesia y creyentes, pues en ningún momento las opiniones razonadas (y razonables) que aporta el programa sobre la primera atentan contra la libre opción de elegir y ejercer el cristianismo de los segundos -que es en definitiva lo que viene a significar libertad religiosa, la bandera que enarbolan los ultras-. Los cuatro anunciantes mencionados han cedido a renunciar al patrocinio del ejercicio de la única libertad que en este caso se está viendo limitada: la de expresión e información crítica y veraz.

¿La justa respuesta a la censura empresarial? El boicot a las marcas que decidieron que la buena imagen de la Iglesia y el criterio irracional de una minoría reaccionaria prevalecen sobre el derecho a la información. Pues eso.

La mala educación

Libros como armas de protesta de los estudiantes valencianos

Del nuevo temario de Educación para la Ciudadanía desaparecen la mención a los conflictos sociales, a las actividades sociales que contribuyen a posibilitar una sociedad justa y solidaria, epígrafes referidos a los prejuicios racistas, xenófobos, antisemitas y sexistas, a la homofobia, a los afectos y las emociones, la referencia a riqueza y pobreza y a la falta de acceso a la educación como fuente de pobreza, así como a las discriminaciones provocadas por las desigualdades personales, económicas o sociales.

Según el ministro Wert, todas estas cuestiones suponían un adoctrinamiento ideológico. Entiende el Gobierno que la consideración de la desigualdad, la discriminación, el racismo o la homofobia es susceptible de opinión, y que por tanto los jóvenes no deben ser educados en el rechazo a estas injusticias, pues están en su derecho de, por el contrario, abrazar la cultura del odio que practican los más férreos detractores de la asignatura que implantó el PSOE.

Las comunidades autónomas tienen la capacidad de corregir el temario y así han anunciado que harán la andaluza, con un debate a fondo con la comunidad educativa, y la vasca, que quiere mantener contenidos como el diálogo para la solución de conflictos y la cultura de la paz. Sin embargo, en Aragón, Dolores Serrat aprueba la depuración de contenidos.

La mayoría social de la España que yo conozco, votantes del PP incluidos, se parece más a la mayoría parlamentaria que aprobó el matrimonio igualitario en 2005 que a la mayoría absolutista de un partido que no sólo cuestiona los derechos del colectivo homosexual -mantiene un recurso de inconstitucionalidad contra el matrimonio gay-, sino que oculta a las nuevas generaciones la discriminación que éste y otros padecen, silenciando injusticias sociales cuyo combate, sin visibilidad, pierde fuerza.

Pero habrá quien, aunque sabiéndose en minoría, aplauda la decisión. Probablemente, el obispo de Alcalá -que tacha la reproducción asistida de ataque a la familia y a los gays de enfermos-, Mayor Oreja -que dice del aborto que es peor que la violación de menores y de la eutanasia que es fruto del nazismo-, o Richard Cohen -autor de un manual para “sanar” la homosexualidad-. Los tres asisten este fin de semana al VI Congreso Mundial de -algunas- Familias, organizado por HazteOir, asociación ultra contraria a la asignatura de Educación para la Ciudadanía que, a la salud del Gobierno, tiene al fin una victoria que celebrar.

Los ricos son más ricos y tributan menos, ¿quién dijo crisis?

Pancartas de todo el mundo claman por más impuestos para los más ricos

En algo más de 100 días, el Gobierno del PP ha subido el impuesto sobre la renta del trabajo, abaratado el despido, amnistiado a los defraudadores, implantado el copago farmacéutico y recortado 2.000 millones en investigación, 3.000 en educación y 7.000 en sanidad, lo que hace insostenible el sistema sanitario público empezando por que deja de ser uiversal: a partir del 1 de septiembre, más de medio millón de inmigrantes sin papeles perderán su cobertura y engrosarán así la lista de personas en territorio español que carecen de ella (cerca de 300.000 españoles, fundamentalmente autónomos que cesan en su negocio y no tienen trabajo, tampoco cuentan con este servicio).

En una realidad paralela, crecen los beneficios en el sector del lujo, los coches de gama alta duplican sus ventas y las grandes fortunas españolas ganan más en el último año de crisis. Las 200 familias más ricas suman 135.000 millones. Al frente de la lista, Amancio Ortega, más rico que nunca (su fortuna ronda los 30.000 millones). Ortega es propietario de Inditex, que eleva sus beneficios a pesar de la crisis, pero tributa en Irlanda por las ventas en Internet. Otro de los gigantes empresariales en España, Telefónica, también anotó beneficios en 2010 (más de 10.000 millones) y 2011 (5.400). A pesar de ello, acordó hace un año el despido del 25% de su plantilla.

Telefónica, como Inditex y otras 28 empresas del Ibex-35, utilizan paraísos fiscales para evadir los impuestos que financian, entre otras cosas, los servicios públicos que el Gobierno se está esforzando en recortar. La mayoría, sin embargo, optan por evadirlos sin salir de casa. De hecho, las empresas en España pagan en impuestos sólo el 10% de sus beneficios (cuando el tipo oficial es del 25% para pymes y del 30% para grandes empresas) mediante maniobras fiscales. Lo mismo ocurre con la banca, que sólo paga el 14,5% de sus beneficios. Las ventajas son todavía mayores para las SICAV (sociedades de inversión de capital variable), un refugio fiscal para ricos y famosos, que ponen su dinero en estas sociedades para tributar así al 1% en el impuesto de sociedades.

Tampoco tributan en justicia las rentas del capital (intereses bancarios, dividendos, ganancias por ventas de acciones o fondos de inversión, plusvalías por compraventa de casas y otros bienes, seguros de vida, etc.). El tipo máximo del impuesto sobre este tipo de rentas es del 27%, mientras que el correspondiente a las rentas del trabajo (lo percibido en concepto de sueldos y salarios) es del 52%, casi el doble, cuando parece justo que ambas tributen igual.

Hoy los ricos son más ricos que antes de la crisis, los pobres son más pobres, y los impuestos que pagan los primeros son más bajos que hace 40 años. No lo digo yo, lo dice la OCDE. No sólo en España, también en Reino Unido, donde los multimillonarios son más ricos que nunca, o en Estados Unidos, como advierte Warren Buffet, una de las mayores fortunas del mundo, que hace unos meses pedía a los políticos que dejasen de “mimar” a los “mega-ricos”, entre los que se incluía.

Los recortes no son inevitables. Son la receta política de la derecha para salir de una crisis que sin embargo puede y debe pagar el poder económico. Existe una alternativa al derribo del Estado del bienestar que pasa por materializar el principio de justicia social, eso que Rajoy tachaba hace 30 años de “envidia igualitaria”.

La inquisición liberal contra los sindicatos

Este jueves 29 de marzo hay convocada una huelga general por UGT y CCOO en protesta contra la reforma laboral más dura de la democracia y la escalada de recortes sin precedentes del Gobierno del PP. La derecha no tardó un segundo en arremeter contra los sindicatos mayoritarios el mismo día del anuncio de la convocatoria (además de #29MHUELGAGENERAL, #29NoaLaHuelgaGeneral también fue trending topic en twitter) recurriendo a mentiras habituales en los medios conservadores que aquí trataré de desmontar.

1. UGT y CCOO, ¿cuatro gatos?

“Dos sindicatos que no representan más que un pequeño grupo de privilegiados”, tuiteaba con motivo del anuncio Alfredo Urdaci, el otrora presentador del telediario de la TVE de Aznar, en referencia a UGT y “Ce Ce O O” (así se refería él a Comisiones Obreras en los informativos). Lo cierto es que las organizaciones que lideran Méndez y Toxo representan a muchos más trabajadores de los que Urdaci y Cía. quieren hacernos creer. En cifras, UGT y CCOO cuentan con más de 2.400.000 afiliados, el triple que los del Partido Popular, que rondan los 800.000, y en las últimas elecciones sindicales las candidaturas de estos dos sindicatos obtuvieron 12 millones de votos, más de los 10.800.000 que dieron la victoria al PP el 20N.

2. Los sindicatos, ¿al servicio del PSOE?

Que los sindicatos callan con el PSOE y sólo protestan contra el PP es otra de las mentiras más repetidas por la derecha en su afán por desprestigiar a UGT y CCOO. Se busca presentarlos como instrumentos políticos al servicio de un partido cuando la historia más reciente lo desmiente tajantemente. Hasta el día de hoy, CCOO y UGT han convocado 5 huelgas generales contra gobiernos socialistas (la última, el 29 de septiembre de 2010 en protesta contra la reforma laboral de Zapatero) y sólo 1 contra un gobierno del PP. Las acusaciones de servilismo político caen por su propio peso.

3. Sindicalistas, ¿a todo tren?

De todas las armas de la derecha contra los sindicatos, la del lujo es la más disparatada. Es el caso de La Gaceta, que en septiembre de 2010 llenaba su portada con información (de interés nulo) sobre las vacaciones de verano de Toxo, secretario general de CCOO. El líder sindical había pasado una semana en un crucero con su mujer, razón suficiente para Dávila (el director del panfleto) para dedicarle también el editorial, donde arremetía contra Toxo por el simple hecho de que su sueldo se paga con fondos públicos (que es una verdad a medias, pues los sindicatos se financian además a través de las cuotas de sus afiliados). Por esta regla de tres, tampoco los 2.680.000 trabajadores al servicio del Estado (casi la mitad personal de sanidad y educación) tendrían derecho a irse de crucero. Ni los políticos que los gobiernan. Ni aun los del PP. Es más, ni siquiera el propio Dávila cuando trabajaba para la televisión pública. Puro surrealismo. Méndez también ha recibido su parte. Desde restaurantes de lujo hasta relojes de marca (por cierto, ambas acusaciones desmentidas por el propio Méndez) han servido de pretexto a esta clase de medios de (des)información para desprestigiar al dirigente de UGT. Los hay incluso que en su ejercicio de demencia periodística han llegado a extrapolar la crítica a los sindicalistas de base, hasta el punto de ocupar una portada con la imagen de tres manifestantes bebiendo cerveza, se entiende que a modo de crítica (se desconoce el fundamento de la misma), como hiciera La Razón en febrero. En cualquier caso, y aunque fuese cierto que en algún momento determinado sindicalista disfruta de tal o cual propiedad o servicio, la mentira a destapar es otra: el supuesto lujo, si se ha adquirido con honradez, no desacredita la labor ni el puesto de nadie, bien sea de izquierdas o de derechas, trabajador o empresario.

4. Los liberados sindicales, ¿vagos a nuestra costa?

Los liberados sindicales conforman otra de las dianas habituales de los ataques de la derecha, con Aguirre a la cabeza de esta particular batalla. Tampoco en este caso argumenta sus críticas. Se limita a señalar el gasto (por cierto, privado, que no público) que suponen (pese a lo reducido del colectivo, que no alcanza los 5.000 trabajadores en todo el país), sin entrar a valorar si está o no justificado. Para hacerlo, conviene entender qué son los liberados sindicales. Se trata de representantes elegidos por los trabajadores a los que otros delegados ceden sus horas sindicales (horas dedicadas a resolver los problemas de los trabajadores en su empresa, los posibles conflictos que surjan y a negociar los convenios con la compañía) de forma que entre todas las horas cedidas se cubre su horario laboral, quedando así exentos de realizar las funciones de su puesto de trabajo para dedicar su jornada laboral al completo a las mencionadas gestiones sindicales. Su sueldo lo pagan las empresas privadas. No así el de los empleados de la patronal. Las empresas privadas tienen a 35.000 personas (8 veces más que liberados sindicales) que se dedican a jornada completa a defender sus intereses a través de la estructura de la CEOE y cuya retribución proviene en buena parte de subvenciones públicas. ¿Qué hay de condenable en el ejercicio del derecho de representación sindical y por qué se pone éste en cuestión y no se plantea la financiación de los empleados de la patronal?

5. Manifestarse, ¿una falta de respeto?

La del 29-M no es la única protesta que han tratado de torpedear desde el PP. Antes de la convocatoria de huelga, ya criticaron que los trabajadores se manifestasen el 11 de marzo contra la reforma laboral, aduciendo que era una “falta de sensibilidad”. Sin embargo, no les preocupó, como señala Ignacio Escolar, que el mismo día hubiera liga de fútbol, corridas de toros, conciertos, cine y teatro. Al contrario que la derecha, la asociación mayoritaria de víctimas del 11M, previamente consultada por los sindicatos, “no vio incompatibilidad en rendir homenaje a las víctimas y celebrar la manifestación el mismo día”. Su presidenta recordaba: “eran trabajadores los que iban en los vagones” el 11 de marzo de 2004. Los sindicatos explicaron razonadamente el por qué de la elección de esta fecha (el domingo 18 era festivo y el 25 coincidía con las elecciones en Asturias y Andalucía), pero de nada valieron los argumentos porque no era la fecha sino la protesta lo que molestaba a los conservadores hasta el punto de utilizar a las víctimas para arremeter una vez más contra las organizaciones sindicales. Por cierto, aunque para Gallardón el 11M “no es día para hacer cosa distinta que no sea recordar a las víctimas”, el PP no tuvo ningún problema en celebrar un mitin electoral en el 8º aniversario del atentado islamista.

6. Una huelga general, ¿a fin de qué?

El último recurso de los conservadores contra el movimiento sindical consiste en apelar a la inutilidad de la protesta, argumentando que la huelga “no es la solución”, que no cambiará nada, que “España no está para huelgas“. No sólo se esmeran en minimizar su impacto, sino que el ahora Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, planteó incluso la erradicación de las huelgas generales, en la línea de la patronal, que pide restringir el ejercicio de este derecho constitucional, pretensiones que sólo cobran sentido si damos por falso el argumento que dice que las huelgas no solucionan nada. De hecho, una vez más, la historia desmiente esto último. Los trabajadores se han servido de las huelgas como una de las herramientas más útiles para luchar con éxito por los derechos y libertades que disfrutamos hoy (este vídeo lo explica). Pero es que, aun consciente de que miente, hay para quien cualquier excusa es buena para frenar la movilización, es el caso de Cospedal, que por delirante, ridículo y ofensivo que resulte, recurre incluso al patriotismo para atacar a los trabajadores que defienden la huelga, a los que acusa de “querer poco a España.

La crítica destructiva a los sindicatos no aporta nada ni lo pretende, sino todo lo contrario. Identificar, denunciar y refutar estas mentiras (sin renunciar a la crítica constructiva) contribuye a hacer más fuertes las organizaciones de trabajadores, hoy imprescindibles en la defensa de sus intereses, amenazados por decisiones políticas que responden a las exigencias de un empresariado a cuyas dificultades conviene ofrecer solución distinta a la de demoler el Estado del bienestar y socavar los derechos laborales de los empleados a su cargo.

El 29 de marzo, huelga general. Sobra explicar por qué.

Banner de la web de CCOO

Olof Palme, un sueco entre los bloques de la Guerra Fría

Recupero un artículo que publiqué en 2010 en la edición en papel del periódico Diagonal sobre el ex presidente sueco Olof Palme, de cuyo asesinato se cumplen hoy 26 años. Transcribo aquí el texto, que sintetiza su posición política, anticomunista y anticapitalista al mismo tiempo, su contribución al desarrollo del socialismo democrático, su relación con Españasu compromiso (a menudo arriesgado, controvertido y origen de enemistad con dictaduras y potencias militares) con la paz, la democracia y los derechos humanos.

DIAGONAL nº 135

El asesinato de Olof Palme, todavía por resolver, germen del fenómeno de la novela negra sueca, marcó un antes y un después en la historia del país y de la socialdemocracia.

El premier socialista sueco se dio a conocer en España tras un singular acto de denuncia contra el régimen franquista en 1975. Palme apareció en un mercado sueco, hucha en mano, acompañado de su ministro de Hacienda, para recaudar fondos para la libertad de los españoles. La provocativa colecta del primer ministro tenía lugar una semana después del fusilamiento de dos militantes de ETA y tres del FRAP. Palme había anunciado que financiaría la lucha antifranquista.

En diciembre de 1976, Palme visitaría España por primera vez, con motivo del 27º congreso del PSOE. Sin embargo, su vínculo con los socialistas españoles no significó siquiera una posición común en relación a la Guerra Fría. Al ganar las generales de 1982, el PSOE renunció a su negativa a entrar en la OTAN. Su deriva ideológica le llevó a desmarcarse de la postura neutral adoptada por la socialdemocracia sueca, contraria a la política de bloques.

Palme, junto a personajes como Willy Brandt, canciller de la Alemania Occidental, defendió la creación de una zona desnuclearizada en el centro de Europa. En una entrevista, para el diario El País en 1982, auguraba el advenimiento de una tercera guerra mundial si proseguía la carrera de armamentos.

Desde algunos medios de comunicación, a Palme se le tachó de “pro-soviético” por la neutralidad de Suecia en la Guerra Fría, sus críticas a EEUU, su apoyo a la Organización para la Liberación de Palestina o su simpatía hacia Fidel Castro, con quien mantuvo una reunión en 1975, siendo ésta la primera de un líder occidental con el mandatario cubano. No obstante, Palme siempre expresó su rechazo a alinearse con ninguna de las superpotencias.

Socialismo quijotesco

En una visita a Viena en 1975, Olof Palme describió su defendida postura de neutralidad activa como “la obligación de alzar la voz cuando las grandes potencias pisotean los derechos de los Estados más pequeños”.

Enemigo de regímenes totalitarios, denunció sus crímenes y alentó la democracia en países como Grecia, Chile, Portugal o El Salvador, así como en España. Pacifista tenaz, afirmó una vez que, en la lucha por la paz, la del Quijote era la condición ideal: “obstinado, tozudo, movido por una idea”. Pese a oponerse al desarme unilateral de Suecia, redujo de manera considerable el gasto militar del Estado sueco.

Palme condenó el Apartheid sudafricano. Que más del 40% de la ayuda bilateral de Suecia fuera a parar a estados fronterizos con Sudáfrica evidencia su repulsa. Su reprobación a la implicación de EEUU en la Guerra de Vietnam fue su crítica más controvertida. La acusación de Palme a EEUU de violar la democracia, la libertad y su propia Constitución, su comparación entre la ofensiva norteamericana y los crímenes de los dictadores del siglo XX, su disposición a refugiar a desertores del servicio militar norteamericano y su presencia en manifestaciones frente a la embajada de EEUU le costaron a Palme una larga crisis diplomática. Acabada la guerra, en 1982, George Bush reconoció en una visita a Suecia: “Ustedes estaban en lo cierto, nosotros estábamos equivocados”.

Palme propició el acceso de nuevas generaciones al liderazgo de la socialdemocracia. También el de las mujeres, cuya lucha, precisó, era “una responsabilidad mutua de todo el movimiento obrero”. La Suecia de Palme, máximo exponente del Estado del Bienestar durante más de 40 años, fue, además, tierra de acogida de exiliados políticos, lo que implicó, en palabras de Palme, un aporte a la cultura sueca “único” y “enriquecedor”.

¿Quién mató a Palme?

Olof Palme fue asesinado el 28 de febrero de 1986 al salir del cine con su mujer. La muerte de Palme puso en cuestión la hasta entonces indiscutible seguridad del país escandinavo. El crimen no se ha llegado a resolver, si bien son muchas las teorías que circulan sobre la autoría del delito. Un espía sudafricano, la CIA, los servicios secretos británicos, integrantes del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) y un paramilitar chileno enviado por Pinochet son algunos de los sospechosos que se han barajado desde el asesinato, a menudo presuntos culpables vinculados a quienes fueron el blanco de las críticas de Palme.

El ejemplo de Público, un altavoz imprescindible

Cabecera del diario Público

Siempre he sido de la opinión de que a los medios de comunicación no les son exigibles las cualidades de imparcialidad y objetividad sino las de veracidad e independencia. Así como la falsedad de la información y la interferencia de intereses particulares o la influencia de poderes externos son condenables a cualquier nivel, la parcialidad es un tema distinto. No cabe esperar de un periodista otra cosa que un relato escrito desde la óptica con que él mismo percibe esa realidad. De la misma forma, a menudo los lectores de un diario lo son porque se identifican con su tendencia. Así, es probable que el socio del Madrid se incline por el Marca, el votante abertzale por el diario Gara y el franquista nostálgico por La Gaceta de Intereconomía.

La politización de los medios, de la que no escapa la prensa gratuita, no está reñida con la independencia ni la honestidad. Es el caso de Público, manifiestamente de izquierda al tiempo que crítico con el poder político, hasta hace poco en manos de los socialistas, contrariamente a las acusaciones de la derecha que tachaban al diario de panfleto partidista. Sólo un profundo desconocimiento del contenido del periódico de Mediapubli o una interesada voluntad de descrédito podían llevar a esa conclusión. El Público independiente que yo conozco nunca se casó con las siglas de ningún partido. Sí con una ideología, con una forma de entender el mundo, la que comparte con sus lectores. No es esta politización sino la ausencia de pluralidad la auténtica deficiencia del panorama periodístico español, una carencia hoy más agravada que nunca desde septiembre de 2007. Público cierra, pese a hacer mucha falta.

Fotogalería de la #huelgadeClase en Zaragoza

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